Javier Navas Olóriz- Director General de IGREA
Hace algunos años el Colegio de Economistas de Madrid me pidió que coordinara un libro sobre Planes de Pensiones y Prestaciones Sociales en las empresas. De este trabajo quiero resaltar un artículo firmado por mí, que resumo a continuación para conocimiento de los asociados de IGREA ya que de lo que trata está de plena actualidad.
Tradicionalmente se ha entendido que los riesgos que amenazan a la empresa van desde el fuego, los desastres naturales, las reclamaciones derivadas de las responsabilidades empresariales o de los empleados, los riesgos de comercialización y de fabricación, además de los riesgos político sociales. Estos riesgos y otros más sofisticados, son los riesgos que debe abarcar un Área de Gerencia de Riesgos, pero una nueva perspectiva se va imponiendo desde hace algunos años, y es que debido a la complejidad en las técnicas de control económico, y a la gran importancia del componente financiero en las prestaciones sociales, como son los grandes seguros colectivos de vida, los riesgos de la salud e incluso de las pensiones complementarias de jubilación, claramente se abre una nueva ventana de oportunidad para los responsables del control de riesgos en las empresas.
Es verdad que aún hay Gerentes y Responsables de Recursos Humanos que se resisten a que esta forma de Control de Riesgos más integral caiga en áreas económicas como son las de Gerencia de Riesgos, pero existen razones muy poderosas para aceptar esta nueva realidad, como son las siguientes:
Independientemente de que las prestaciones sociales suelen ser pactos regulados entre los trabajadores y las empresas, y por lo tanto esas definiciones deben recaer en las Áreas de Recursos Humanos, el Gerente de Riesgos debe de disponer de capacidad y habilidades suficientes para la identificación de los diversos riesgos de estas prestaciones, como son la mortalidad, longevidad, invalidez y enfermedad.
El tratamiento del riesgo en estas áreas es o puede ser crítico si relacionamos el riesgo de mortalidad con respecto a las prestaciones por muerte en un plan de pensiones de empresa. Los grandes fondos de pensiones, que serán vitales en el futuro dada la crisis financiera del Sistema Público de Pensiones, tienden a protegerse de las fluctuaciones importantes respecto a su experiencia siniestral, (me refiero a los cúmulos de muerte accidental o por pandemias). Y se puede afirmar que cuanto menor sea el plan de pensiones, más crítica será la exposición al riesgo en términos relativos y más adecuado será garantizarlo con un elemento de seguro.
Se debe disponer de datos de importancia que el Gerente de Riesgos deberá modular y estudiar, como:
- Descripción de las prestaciones.
- Ocupación de los diferentes grupos de trabajadores por áreas de actividad para conocer los riesgos agravados.
- Situación geográfica y estimación de movimientos del personal por el territorio de sus actividades nacionales e internacionales para conocer los posibles cúmulos.
A partir de dichos datos y de otras variables estadísticas el Gerente de Riesgos, podrá obtener indicadores y estadísticas relativas a la probabilidad o frecuencia del riesgo y a su identidad. Seguramente descubrirá conexiones entre la frecuencia y la intensidad gracias a los índices de correlación.
Si la empresa dispone de una Sociedad Cautiva se puede lograr una financiación más eficiente de estos riesgos personales, cubriendo aquella parte de la cantidad en riesgo en relación con un individuo por encima de un límite preestablecido. Esa cobertura parcial, denominada seguro de «exceso de pérdida» ofrece protección contra pérdidas individuales grandes, que se puede combinar con otra protección que proteja contra el riesgo de un alto número de siniestros que de lugar a una pérdida global excesiva.
Para terminar, decir que el responsable de riesgos debe ofrecer soluciones oportunas y eficaces en el tiempo, considerando que cualquier análisis debe ser sometido a revisión periódica adecuando los parámetros a la realidad conocida y trabajando de forma realista con las Áreas de Recursos Humanos responsables de las prestaciones sociales pactadas en los convenios colectivos.